[La idea la llevamos trabajando algunos desde ha; pero esta redacción es de un par de tardes, a la salida del curro, con miras a hacerlo bien en un futuro; ya lo dice bien Liria: «Si no hay ocio no hay Res Pública»]

Te adjunto un ensayo en 3 bloques ya pasado por el tamiz de la IA. Después, te lo vuelvo a poner en crudo.

El bloque 1 está dirigido a un público principalmente nesciente e incluso con aversión a lo técnico. El objetivo es identificar un agotamiento de la política basada en la representación (partitocracia) y darle una vuelta (yo preferiría, ácrata, romper la baraja; pero eso no es lo que más le conviene al país). El problema puede ser solucionado con elementos técnicos (bloque 3). Pero para ello primero se hace un contexto concreto con los nombres y las tramas concretas incluidas en el bloque 1. Expresando la necesidad de una solución que no se encuentra manteniendo los esquemas clásicos de la política convencional sino que, un pasito más, la democracia «representativa» se hace «participativa» (ya sabes, lo de los 5 poderes, los 3 del leviatán, el 4º los medios de masas, y el 5º que somos nosotros, the people con internet).

El bloque 2 advierte que aunque en lo técnico hay solución no todo es jauja identificando puntos negros y también, si los salvamos, las oportunidades.

El bloque 3 propone una solución (democracia participativa gracias a las TIC y la IA del siglo XXI) que no es general sino concreta y enlazada al bloque 1 y su realidad particular. Se entrega en dos partes una más sencilla-adaptada y la otra más institucional.

España 2011–2025: De la Revolución de los Indignados a la democracia digital y participativa

Resumen ejecutivo

El presente ensayo analiza la transformación política española desde el movimiento 15M (2011) hasta la actualidad (2025), articulando tres dimensiones fundamentales: la crisis del bipartidismo y emergencia de la Nueva Política, los retos estructurales de la infraestructura tecnológica centralizada, y una propuesta concreta de democracia participativa basada en tecnologías descentralizadas. La investigación integra evidencia empírica internacional sobre plataformas de participación ciudadana, protocolos descentralizados y sistemas de deliberación asistidos por inteligencia artificial, contextualizándola en el marco institucional español para proponer un modelo de democracia híbrida adaptado a la complejidad territorial y política del país.

Aspecto	Democracia Representativa	Democracia Participativa	Democracia Directa	Democracia Semidirecta
Definición	Los ciudadanos eligen representantes que toman decisiones en su nombre	Los ciudadanos participan activamente en la toma de decisiones junto con representantes	Los ciudadanos votan directamente las leyes y políticas sin intermediarios	Híbrida que combina democracia representativa con mecanismos de democracia directa
Quién decide	Representantes elegidos (parlamentarios, diputados, senadores)	Ciudadanía y gobierno en conjunto	Todos los ciudadanos mediante votaciones	Representantes + ciudadanía en temas estratégicos
Proceso de toma de decisiones	Elecciones periódicas; los elegidos legislan y gobiernan	Consultas públicas, presupuestos participativos, asambleas ciudadanas, deliberación informada	Referéndums, iniciativas populares, asambleas masivas, voto universal en cada decisión	Representación normal más referéndums vinculantes, iniciativas ciudadanas
Frecuencia de participación	Ocasional (ciudadanos votan en elecciones, después delegan)	Continua (múltiples canales de participación abiertos)	Muy frecuente (votaciones constantes sobre múltiples temas)	Regular (votaciones puntuales sobre temas clave)
Ventajas	– Eficiencia administrativa – Protección de minorías – Estabilidad institucional – Gestión de sociedades grandes	– Mayor legitimidad democrática – Decisiones más informadas – Inclusión de voces marginadas – Confianza ciudadana	– Máxima legitimidad – Responsabilidad compartida – Transparencia total – Poder ciudadano real	– Equilibrio entre eficiencia y participación – Control ciudadano sin paralizar gobierno – Flexibilidad según temas – Escalable a sociedades grandes
Desventajas	– Distancia entre gobernantes y gobernados – Corrupción y corporativismo – Desconexión del representante – Clases políticas profesionales	– Requiere tiempo y recursos – Puede ser manipulada por grupos organizados – Complejidad en procesos largos – Requiere cultura cívica desarrollada	– Ineficiencia administrativa – Dictadura de la mayoría – Desinformación masiva – Imposible en sociedades muy grandes	– Puede ser inconsistente – Ciudadanía menos informada que en directa pura – Conflicto entre referéndum y representantes
Ejemplos Contemporáneos	España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania	Presupuestos participativos en Madrid, Barcelona, Valencia; Gobierno Abierto en España y Colombia; Asambleas ciudadanas en diversos países europeos	Suiza (en mecanismos específicos), Atenas antigua, asambleas anarquistas, referéndums en California	Suiza (sistema completo), referéndums en países europeos, iniciativas populares en algunos estados alemanes
Mecanismos Clave	Elecciones, parlamento, separación de poderes	Presupuestos participativos, asambleas ciudadanas, consultas públicas, consejos vecinales	Referéndums vinculantes, iniciativas populares, voto directo, sorteo cívico	Referéndums facultativos y obligatorios, iniciativas ciudadanas, parlamento electivo
Escalabilidad	✓ Muy escalable a sociedades grandes	✓ Escalable si se implementan bien canales digitales	✗ Muy limitada; impracticable con millones de personas	✓ Escalable; ejemplo: Suiza con 8.7 millones de habitantes

Bloque 1: El ciclo político español (2011-2025)

Del 15M a la fragmentación política

La primavera de 2011 marcó un punto de inflexión en la historia política reciente de España. El movimiento 15M, conocido como los Indignados, surgió como respuesta a la sensación generalizada de que el sistema político estaba atrapado en un bipartidismo incapaz de representar los intereses ciudadanos. PSOE y PP dominaban la vida política, alternándose en el gobierno mientras crecían las acusaciones de corrupción, el desempleo estructural y las políticas de austeridad promovidas por la Unión Europea, que para muchos ciudadanos se percibían como imposiciones externas que limitaban la soberanía nacional.^1_1^1_3

Las plazas y acampadas, especialmente la Puerta del Sol en Madrid, se convirtieron en centros de deliberación, donde los ciudadanos experimentaban un modelo de democracia directa, horizontal y participativa, apoyado en herramientas digitales y redes sociales que permitían organizar protestas, difundir información y deliberar colectivamente, una especie de ágora moderna que recordaba los principios de la democracia ateniense, adaptados a la complejidad de un país con casi 49 millones de habitantes. El 15M no solo denunció la falta de representación política, sino también la connivencia entre élites económicas y políticas, los abusos de poder y la desconexión entre las instituciones y la sociedad civil.^1_2^1_3

La investigación académica ha documentado cómo el movimiento logró transformar el discurso político dominante, desplazando la narrativa de austeridad basada en la responsabilidad individual hacia una crítica estructural del sistema financiero y las decisiones políticas que favorecieron el rescate bancario mientras la ciudadanía sufría las consecuencias de la crisis. A través de asambleas, comisiones de trabajo y plataformas digitales, los ciudadanos discutían propuestas para lograr una democracia más directa, transparente y participativa. La capacidad de movilización del movimiento evidenció que la política no podía reducirse al juego de partidos tradicionales; era necesario replantear el papel del ciudadano como protagonista activo en la toma de decisiones.^1_4^1_1

La Nueva Política y sus contradicciones

Cuando las movilizaciones del 15M comenzaron a disminuir, su energía se canalizó en nuevas formaciones políticas, dando origen a la denominada Nueva Política, que transformó el descontento ciudadano en pluralidad electoral y parlamentaria. Este proceso refleja cómo la energía democratizadora inicial fue absorbida y a la vez fragmentada, generando un escenario de alta competitividad entre fuerzas con agendas distintas e incluso antagónicas.^1_6

Podemos asumió la voz política más directa del 15M, articulando un discurso centrado en la justicia social, la igualdad, la participación ciudadana y la transparencia. Su irrupción evidenció la necesidad de institucionalizar demandas que hasta entonces habían permanecido en espacios de protesta, especialmente entre jóvenes urbanos y sectores descontentos con el statu quo. Sin embargo, como señalan los análisis recientes, la formación ha enfrentado graves dificultades para mantener su cohesión interna y su capacidad de influencia gubernamental.^1_3^1_9

Ciudadanos, por su parte, representó una alternativa liberal y neoliberal, defendiendo la regeneración democrática, la economía de mercado y ciertos sectores empresariales, inicialmente consolidando un espacio centrista que, con el tiempo, se diluyó electoralmente, dejando un vacío que otros actores moderados ocuparon. Vox consolidó un espacio de extrema derecha, combinando nacionalismo español, conservadurismo social y matices proteccionistas en lo económico; su discurso incorpora elementos simbólicos y estructurales del franquismo y el fascismo clásico, adaptados al marco democrático moderno.^1_10^1_6

La investigación comparada muestra que, mientras otros sistemas europeos han experimentado el auge de la ultraderecha, España se caracterizó durante décadas por su «excepcionalismo», que finalmente colapsó con la emergencia de Vox, cuyo crecimiento se vincula no solo a la inmigración sino fundamentalmente al conflicto territorial catalán.^1_11

Complejidad territorial y gobernabilidad

El panorama territorial añade una capa adicional de complejidad. En Cataluña, ERC defiende un independentismo de izquierda y republicano, mientras Junts per Catalunya articula objetivos similares desde un centro-derecha soberanista; la CUP aporta un enfoque radical y soberanista. Galicia cuenta con BNG y Anova, que representan la soberanía regional de izquierda, mientras el País Vasco combina el nacionalismo moderado del PNV con la izquierda soberanista de EH Bildu. La Comunidad Valenciana cuenta con Més-Compromís, Andalucía con Adelante Andalucía, y Aragón con CHA y otras confluencias ligadas a Sumar.^1_13

Esta diversidad territorial refleja cómo las identidades históricas y culturales condicionan la negociación parlamentaria y la gobernabilidad, obligando a los partidos a tejer alianzas que no solo consideran ideología, sino también intereses locales y regionales, produciendo un mosaico político complejo que desafía la simplificación del bipartidismo. Para 2025, el Congreso evidencia un retorno parcial al bipartidismo, aunque condicionado por la coexistencia de fuerzas emergentes y regionales. PSOE y PP conservan su peso estructural, pero deben negociar constantemente con Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, Més-Compromís, Podemos, BNG, Coalición Canaria, UPN y CHA.^1_8

Judicialización estratégica y lawfare

La judicialización de la política, o «lawfare», ha sido un factor determinante en la configuración de este escenario. El Caso Neurona, vinculado a presunta financiación irregular de Podemos, y la pérdida de escaño de Alberto Rodríguez, condenado por agredir a un policía, evidencian cómo procesos judiciales pueden alterar mayorías parlamentarias y decisiones gubernamentales. Casos como el de Laura Borràs y otros líderes independentistas catalanes muestran la percepción de que la justicia puede ser instrumentalizada con fines políticos.^1_5^1_9^1_13

Las doctrinas Botín y Atutxa reflejan cómo la acción popular y la interpretación judicial de delitos de interés colectivo pueden favorecer o restringir a distintos actores, generando tensiones y cuestionando la legitimidad de ciertas decisiones políticas y judiciales, además de alimentar la polarización social. La doctrina Botín, establecida en 2007, limitaba la posibilidad de abrir juicio oral cuando solo existía acusación popular sin respaldo del Ministerio Fiscal, mientras que la doctrina Atutxa (2008) matizó esta restricción en casos de interés colectivo.^1_15^1_17

El contexto europeo y económico refuerza este panorama. Las políticas de austeridad y la presión de la Unión Europea, especialmente en materia de deuda y reformas estructurales, consolidaron la percepción de que España estaba perdiendo autonomía frente a organismos supranacionales, alimentando la indignación ciudadana y legitimando la aparición de movimientos sociales y partidos que cuestionaban el statu quo. Esta combinación de factores internos y externos demuestra cómo la política española contemporánea no puede entenderse sin considerar la interrelación entre economía, derecho y representación ciudadana.

Bloque 2: Infraestructura tecnológica y poder centralizado

De las redes sociales abiertas al control corporativo

La comprensión de la crisis democrática contemporánea exige examinar no solo las transformaciones históricas de los sistemas políticos tradicionales, sino también las nuevas infraestructuras tecnológicas que los atraviesan y condicionan. Uno de los episodios más ilustrativos proviene del deterioro de las redes sociales convertidas en plataformas de control. La trayectoria de Jack Dorsey y Twitter es paradigmática: mientras la plataforma crecía como ágora digital global, su propia estructura centralizada permitía que un único propietario pudiera moldear los algoritmos, el alcance de los discursos y la forma de aparición del debate público.^1_19

Cuando Elon Musk, impulsado por su enorme capacidad económica, adquirió Twitter, no solo tomó el control de la infraestructura comunicativa más influyente del planeta, sino que lo hizo exhibiendo su convicción de que una red social puede operar como una maquinaria de poder directo. Las investigaciones empíricas han documentado que, desde el respaldo de Musk a Donald Trump en julio de 2024, el algoritmo de X amplificó sistemáticamente contenido pro-republicano, con incrementos del 138% en visualizaciones, 238% en retweets y 186% en likes para la cuenta personal de Musk. Este sesgo algorítmico no es meramente anecdótico: estudios independientes confirman que las cuentas republicanas obtuvieron 952,300 visualizaciones adicionales tras el respaldo de Musk, evidenciando cómo la arquitectura centralizada permite la manipulación política a escala.^1_21^1_23

Ese reconocimiento es precisamente lo que llevó a Dorsey a replantearse el diseño mismo de las redes sociales. Su apoyo al AT Protocol y a BlueSky responde a una intuición central: si la arquitectura es centralizada, el abuso es una posibilidad; si la arquitectura es descentralizada, el abuso se vuelve estructuralmente más difícil. Una red basada en un protocolo abierto, sin un único dueño capaz de girar el timón ideológico de millones de usuarios, reduce enormemente la capacidad de manipulación algorítmica, modera la captura corporativa del debate y desincentiva que magnates puedan comprar infraestructuras para convertirlas en dispositivos de propaganda. La descentralización no es un capricho técnico: es un principio democrático.^1_20^1_26

Tim Berners-Lee y la web que nunca debió perderse

Esta preocupación por recuperar estructuras distribuidas tiene un precedente aún más profundo en la figura de Tim Berners-Lee, creador de la World Wide Web. Su diagnóstico actual sobre el estado de la web es tan contundente como melancólico: aquello que nació como red abierta, descentralizada y universal se ha convertido en un ecosistema dominado por gigantes tecnológicos que acumulan datos, dirigen la navegación y limitan la autonomía de los usuarios.^1_27^1_12

Berners-Lee insiste en que la web actual no responde a los ideales fundacionales; por eso propone modelos alternativos como su proyecto Solid, donde los usuarios recuperan el control de sus datos mediante contenedores personales (pods) que pueden portar de una aplicación a otra sin quedar cautivos de ninguna plataforma. Su visión coincide con la intuición de Dorsey: sin infraestructura descentralizada no puede haber ciudadanía digital plena.^1_28^1_29^1_27

El protocolo Solid, desarrollado en colaboración con el MIT y lanzado en 2016, permite a los usuarios almacenar sus datos en servidores personales seguros y compartirlos selectivamente mediante tecnologías de Linked Data y control de acceso web. Este modelo de Self-Sovereign Identity (SSI) representa un cambio paradigmático frente a los sistemas centralizados donde terceros controlan la emisión y validación de identidades.^1_31^1_33^1_28

OpenAI: la crisis de gobernanza en la frontera tecnológica

Ese mismo conflicto entre apertura y control se hizo visible en la crisis interna de OpenAI durante noviembre de 2023, cuando la bicefalia entre Sam Altman y el consejo de administración estalló públicamente. El trasfondo real no era una mera disputa interna, sino la tensión estructural entre dos proyectos incompatibles: por un lado, la misión fundacional de la organización —investigar inteligencia artificial de forma abierta, orientada al beneficio de la humanidad— y, por otro, la presión comercial y financiera surgida tras la asociación con Microsoft, que exigía acelerar el desarrollo de modelos rentables y desplegarlos a escala global incluso cuando no quedaba claro que los riesgos estuvieran bien comprendidos.^1_34^1_36^1_38

El conflicto cristalizó en un choque frontal entre quienes reclamaban mayor prudencia, evaluación de riesgos y alineamiento ético, y aquellos que consideraban que ralentizar el desarrollo supondría perder una carrera tecnológica decisiva para las grandes corporaciones. La restitución de Altman y la posterior reconfiguración del consejo, que desplazó a las voces más críticas con la aceleración comercial, evidenció que incluso una entidad nacida bajo el signo de la apertura puede ser absorbida por las dinámicas privativas cuando el capital corporativo obtiene suficiente influencia.^1_36^1_37

Investigaciones posteriores revelaron que Helen Toner y otros miembros del consejo acusaron a Altman de ocultar información sobre el lanzamiento de ChatGPT, su participación en fondos de inversión de OpenAI, y de proporcionar datos inexactos sobre los procesos de seguridad implementados. Además, dos ejecutivos reportaron al consejo «abuso psicológico» por parte de Altman, acompañado de documentación sobre comportamientos manipulativos. La disputa no fue un accidente: fue un síntoma de que el futuro de la IA está siendo decidido por tensiones de poder opacas, no por criterios democráticos.^1_37

LaLiga y la censura algorítmica indiscriminada

Mientras estos conflictos se desarrollan en las grandes tecnologías, otros episodios muestran cómo las infraestructuras digitales también pueden volverse instrumentos de coerción masiva en manos de actores no corporativos. El bloqueo indiscriminado de direcciones IP que LaLiga emprendió en 2025 para combatir la piratería audiovisual es un ejemplo claro de ello. Bajo el argumento de proteger los derechos de emisión, se implementaron mecanismos que terminaron afectando servicios, redes y usuarios que nada tenían que ver con actividades ilícitas.^1_40^1_42

En diciembre de 2024, el Juzgado Mercantil No. 6 de Barcelona autorizó a LaLiga a exigir a los proveedores de servicios de internet (ISPs) españoles el bloqueo de direcciones IP asociadas a streaming no autorizado. En febrero de 2025, LaLiga inició su primera acción de bloqueo masivo, afectando direcciones IP de Cloudflare y causando disrupciones significativas en España. Como consecuencia, numerosos sitios web legítimos alojados en Cloudflare se volvieron inaccesibles desde España, incluyendo datos privados de usuarios almacenados en Cloudflare R2.^1_41^1_43^1_40

Este uso desproporcionado de herramientas técnicas convierte medidas legítimas en prácticas que rozan la censura, revelando la facilidad con la que un agente privado con capacidad jurídica puede reconfigurar el tráfico de la red a gran escala, imponiendo daños colaterales sin supervisión democrática ni proporcionalidad. El CEO de Vercel, Guillermo Rauch, denunció públicamente que LaLiga nunca contactó a su empresa para discutir el problema, simplemente bloqueó sus IPs sin advertencia previa.^1_42^1_44

Bitchat en Nepal: descentralización como resistencia política

En el extremo opuesto, también observamos cómo las infraestructuras distribuidas facilitan nuevas formas de soberanía política. El caso reciente en Nepal, donde Dorsey experimentó con soluciones de mensajería y coordinación basadas en Bitchat para apoyar procesos democráticos en situaciones de opacidad o desconexión, ilustra que las herramientas descentralizadas no solo sirven para proteger a los usuarios, sino también para favorecer procesos políticos emergentes en contextos donde la infraestructura estatal es débil o la censura amenaza la comunicación civil.^1_46^1_48

En septiembre de 2025, durante las protestas contra la corrupción gubernamental en Nepal, el gobierno bloqueó 26 plataformas de medios sociales incluyendo Facebook, Instagram, WhatsApp y YouTube. En respuesta, las descargas de Bitchat se dispararon de 3,344 a 48,781 en pocos días, un incremento del 1,400% que convirtió a Nepal en el mercado principal de la aplicación a nivel mundial.^1_47^1_50

Bitchat opera mediante redes mesh de Bluetooth Low Energy, permitiendo comunicaciones encriptadas que pueden retransmitirse entre dispositivos en un radio de 30 metros, creando canales de comunicación resistentes a la censura incluso durante apagones de internet. La aplicación no requiere números telefónicos, direcciones de correo ni cuentas, garantizando privacidad end-to-end mediante protocolos X25519 y AES-256-GCM. El hecho de que un sistema distribuido pueda dar respaldo a un proceso político sin poner ese proceso en manos de una corporación, gobierno o propietario único constituye una evidencia empírica del potencial emancipador de estas tecnologías.^1_48^1_46

Microsoft y la guerra contra el software libre

Todo ello se entrecruza con otra gran fuerza estructural que lleva décadas actuando: el intento de ciertos actores corporativos de bloquear el avance del software libre y las tecnologías comunitarias para preservar el statu quo en el que su control es más fácil de ejercer. La trayectoria de Microsoft frente al movimiento FOSS es quizá el ejemplo más documentado: desde los Halloween Documents, que revelaron estrategias explícitas para sabotear estándares abiertos, hasta campañas de FUD (Fear, Uncertainty, Doubt) destinadas a sembrar miedo, incertidumbre y duda sobre el software libre, pasando por estudios y comparativas patrocinadas que subrayaban —a menudo con metodologías sesgadas— la supuesta superioridad de Windows frente a GNU/Linux en costes o eficiencia.^1_51^1_53^1_55

Los Halloween Documents, filtrados entre 1998 y 2004, son memorandos confidenciales internos de Microsoft que reconocen explícitamente que «el software open source constituye una amenaza directa y a corto plazo a los ingresos de Microsoft» y que «la calidad del software comercial puede verse alcanzada o superada por proyectos de código abierto». Estos documentos revelan la estrategia de «Adoptar, extender y extinguir» (Embrace, Extend, Extinguish) aplicada a estándares abiertos, donde Microsoft primero adopta un estándar público, luego lo «mejora» añadiendo extensiones incompatibles, y finalmente extingue el estándar original al imponer sus extensiones propietarias mediante su dominio del mercado.^1_53^1_55

Incluso declaraciones como la famosa «la GPL es un cáncer» pronunciada por Steve Ballmer forman parte de un ecosistema discursivo orientado a deslegitimar modelos cooperativos de producción tecnológica que podrían erosionar el monopolio corporativo. Este patrón no pertenece al pasado: sigue activo en las presiones regulatorias, en la captura de estándares, en la integración forzada de servicios y en la creación de dependencias técnicas que dificultan cualquier migración hacia infraestructuras abiertas.^1_57

Síntesis: la forma determina la democracia posible

Todas estas líneas —desde el deterioro de Twitter hasta la disputa en OpenAI, pasando por las propuestas de Berners-Lee, los bloqueos indiscriminados de IP, la resistencia descentralizada en Nepal y las tácticas corporativas contra el software libre— convergen en una idea esencial para el proyecto propositivo de este ensayo: la democracia contemporánea no puede reconstruirse sin repensar las infraestructuras tecnológicas que sostienen la conversación pública, la circulación de información y la toma de decisiones colectivas.

Las arquitecturas centralizadas, sean privadas o estatales, tienden estructuralmente a la concentración de poder, la opacidad, la manipulación algorítmica y la captura ideológica. Las arquitecturas distribuidas, por el contrario, abren un espacio donde la pluralidad, la supervisión, la auditabilidad y la resiliencia democrática pueden florecer. El desafío no es solo construir herramientas mejores, sino comprender que la forma misma de la infraestructura determina la forma posible de la democracia. Lo que está en juego no es un debate técnico, sino la capacidad de las sociedades para autogobernarse frente a poderes que hoy, en demasiadas ocasiones, operan sin límites ni contrapesos.^1_58^1_25^1_27

Bloque 3: Propuesta de democracia participativa descentralizada para España

Diagnóstico y principios fundacionales

España se encuentra en un punto crítico de su historia democrática. Tras la energía transformadora del 15M y la fragmentación política de la Nueva Política, se evidencia que el sistema representativo tradicional no logra canalizar de forma adecuada la diversidad territorial, las demandas ciudadanas ni los desafíos de gobernabilidad contemporáneos. En este escenario, las tecnologías digitales y la Inteligencia Artificial ofrecen un camino para desarrollar un modelo de democracia participativa, distribuida y verificable, que pueda articular la pluralidad de intereses nacionales y regionales de manera efectiva.^1_59^1_61^1_1^1_3^1_58

La experiencia internacional con plataformas de democracia digital proporciona evidencia robusta sobre las condiciones de éxito. Barcelona y Madrid han implementado Decidim y Decide Madrid respectivamente, plataformas de código abierto que permiten participación ciudadana en presupuestos, debates y propuestas de políticas públicas. Barcelona en particular ha sido reconocida como laboratorio de innovación tecnopolítica, con más de 400,000 usuarios registrados y decenas de miles de propuestas ciudadanas procesadas.^1_63^1_65^1_67^1_69^1_71

La investigación sobre deliberación asistida por IA muestra resultados prometedores. El Habermas Machine, desarrollado por Google DeepMind, ha demostrado capacidad para mediar deliberaciones ciudadanas, generando declaraciones de consenso que los participantes prefieren sobre las elaboradas por mediadores humanos, calificándolas como más informativas, claras e imparciales. En estudios con más de 5,734 participantes del Reino Unido, la mediación por IA redujo la división dentro de grupos y convergió las posturas ciudadanas hacia posiciones comunes, incorporando voces disidentes mientras respetaba la posición mayoritaria.^1_62

Arquitectura técnica de la propuesta

El eje central de esta propuesta consiste en la creación de una plataforma descentralizada de participación ciudadana, construida sobre protocolos abiertos y federados que permitan la interoperabilidad de nodos gestionados de forma comunitaria. Cada ciudadano dispondría de un agente de IA personal, asociado a su identidad digital verificada mediante DNI utilizando Decentralized Identifiers (DIDs) y credenciales verificables.^1_60^1_32^1_58^1_31

Los DIDs proporcionan una forma descentralizada de establecer identidad digital sin requerir una autoridad central, mientras que las credenciales verificables permiten a los usuarios probar sus atributos de identidad sin exponer datos innecesarios. Este modelo de Self-Sovereign Identity (SSI) empodera a individuos y organizaciones para ejercer control total sobre sus identidades digitales, utilizando técnicas criptográficas para crear credenciales a prueba de alteraciones que pueden ser verificadas instantáneamente.^1_32^1_73^1_31

Cada agente de IA actuaría como extensión de la voluntad política del ciudadano, pudiendo procesar información compleja, evaluar propuestas, ponderar impactos económicos, sociales y ambientales, y participar en simulaciones de votación que reflejen la intención ciudadana en tiempo real. Por ejemplo, en la elaboración de un presupuesto autonómico o en la aprobación de una ley educativa, los agentes podrían interactuar entre sí, negociando acuerdos entre regiones y partidos, evaluando escenarios alternativos y proponiendo consensos que respeten tanto las competencias autonómicas como los objetivos nacionales.^1_61^1_76

Transparencia, auditabilidad y control ciudadano

Para garantizar transparencia y confianza, se implementaría un sistema de auditoría automatizada y trazabilidad de decisiones, donde cada acción de un agente de IA quedaría registrada en un ledger público y verificable. Los ciudadanos podrían auditar cómo su agente procesó información, qué fuentes consultó y qué criterios aplicó, y la comunidad podría supervisar la integridad de las interacciones entre agentes.^1_77^1_79

La transparencia algorítmica es reconocida internacionalmente como prerrequisito para la rendición de cuentas. El Reino Unido ha desarrollado el Algorithmic Transparency Recording Standard (ATRS), que permite a organizaciones del sector público publicar información sobre las herramientas algorítmicas que utilizan. Canadá implementó el Algorithmic Impact Assessment (AIA), que requiere que los departamentos evalúen riesgos antes de la adquisición y publiquen resultados públicamente. La Unión Europea, mediante el AI Act (2024), ahora exige auditorías basadas en riesgo y evaluaciones de conformidad por terceros para sistemas de «alto riesgo» en el sector público.^1_80^1_77

Esto previene la manipulación por parte de corporaciones privadas, ataques de FUD o influencia indebida de actores políticos o judiciales, respondiendo directamente a los riesgos evidenciados por Microsoft, la judicialización estratégica y la centralización de redes sociales. La auditabilidad debe incluir mecanismos de evaluación de sistemas algorítmicos que permitan a diferentes audiencias aprobar o desaprobar el uso de sistemas de toma de decisiones automatizadas en el sector público.^1_7^1_52^1_79^1_51

Interoperabilidad territorial y gestión de la pluralidad

La interoperabilidad entre regiones y partidos sería un componente clave. Los agentes podrían negociar y establecer consensos entre ERC, Junts, CUP, BNG, Més-Compromís, PNV, Coalición Canaria y demás actores regionales, respetando sus competencias históricas y culturales. Al mismo tiempo, los agentes asegurarían que los intereses nacionales y colectivos se integren de manera coherente en las políticas estatales, equilibrando la representación regional y la gobernabilidad central.

La experiencia de Porto Alegre con presupuesto participativo desde 1989 proporciona evidencia de cómo la participación ciudadana directa puede mejorar condiciones de vida, especialmente para poblaciones de bajos ingresos. El modelo combina asambleas regionales abiertas a todos los ciudadanos con reuniones temáticas, delegados electos y un Consejo de Presupuesto Participativo que supervisa la distribución de recursos. Para 2004, la participación alcanzó 50,000 ciudadanos, con alta representación de grupos tradicionalmente subrepresentados (bajos ingresos, mujeres y personas sin educación formal).^1_82^1_84

Este enfoque permite gestionar de forma flexible la pluralidad territorial sin que la fragmentación se convierta en un obstáculo para la acción política efectiva. Decidim, utilizado en más de 130 instituciones en 35 países, ha demostrado capacidad para facilitar procesos modulares con diferentes configuraciones técnicas y participativas adaptadas a contextos locales.^1_64^1_71

Deliberación ciudadana y mini-públicos

La propuesta contempla la integración de asambleas ciudadanas y mini-públicos deliberativos como complemento esencial a la participación digital. Las asambleas ciudadanas son grupos representativos de 50-250 personas seleccionadas aleatoriamente mediante métodos de sorteo científico para garantizar proporcionalidad en género, edad, etnia y clase social.^1_86^1_88^1_90

Estos mini-públicos siguen un proceso de tres fases: aprendizaje (recibir información de expertos con perspectivas diversas), deliberación (considerar evidencia en grupos pequeños moderados profesionalmente) y toma de decisiones (generar recomendaciones basadas en lo aprendido y discutido). Irlanda, por ejemplo, utilizó asambleas ciudadanas para abordar reformas constitucionales complejas, generando recomendaciones que fueron sometidas a referéndum vinculante.^1_87^1_89^1_92

En el contexto español, estas asambleas podrían abordar cuestiones de alta complejidad técnica o alta carga emocional, como reformas del sistema electoral, políticas de cambio climático, o marcos de convivencia territorial. La combinación de deliberación presencial facilitada profesionalmente con plataformas digitales permite escalar la participación sin sacrificar la calidad de la deliberación.^1_93^1_59

Presupuestos participativos digitales

La dimensión educativa también es central. Se incluirían programas de capacitación digital, tutoriales interactivos y simulaciones que permitan a los ciudadanos comprender cómo funcionan sus agentes de IA y cómo pueden influir en las decisiones colectivas. Esta formación asegura que la participación ciudadana no se limite a la delegación, sino que fomente la comprensión crítica, la deliberación y la toma de decisiones informadas.^1_95^1_93

El sistema propuesto no se limita a votaciones aisladas, sino que puede participar en monitorización de políticas públicas, evaluación de leyes y seguimiento presupuestario, transformando cada decisión gubernamental en un proceso participativo y auditado. Por ejemplo, durante la aprobación de un presupuesto nacional, los agentes podrían simular distintos escenarios de asignación de recursos, medir su impacto económico, social y ambiental, y permitir que la ciudadanía valide los resultados antes de la implementación.^1_83^1_97

La plataforma Porto Alegre, utilizada por ciudades, municipios y organizaciones para ejecutar presupuestos participativos en línea, demuestra la viabilidad técnica de estos procesos. Viña del Mar en Chile implementó presupuesto participativo digital donde residentes contribuyeron 89 proyectos vía plataforma Go Vocal, con revisión de viabilidad técnica resultando en 44 propuestas admisibles, seguidas de votación pública digital e presencial.^1_98^1_82

Resistencia a la captura y mecanismos anti-lawfare

Además, la propuesta contempla la resistencia activa frente a corporaciones y actores privados que puedan intentar controlar o sabotear la plataforma. Aprendiendo de las estrategias históricas de Microsoft —FUD, comparativas patrocinadas, ataques legales y desinformación—, la infraestructura se basaría en código abierto, nodos independientes y gobernanza distribuida, evitando la concentración de poder y garantizando que ninguna entidad pueda imponer bloqueos o manipular los resultados.^1_52^1_53

Se integrarían mecanismos de verificación comunitaria y auditorías externas independientes, de modo que la plataforma sea robusta frente a intentos de control externo o presiones corporativas. La experiencia del bloqueo de LaLiga ilustra la importancia de diseñar sistemas que no dependan de puntos únicos de fallo o control centralizado.^1_78^1_40^1_42

Para contrarrestar la judicialización estratégica (lawfare), se proponen dos mecanismos institucionales específicos. Primero, un régimen de guardrails legales que limite el uso político de procesos judiciales sobre plataformas participativas: exigencia de medidas cautelares motivadas y proporcionales, transparencia en actuaciones que afecten participación digital, y revisión por tribunales especializados en derecho tecnológico.^1_14^1_5

Segundo, un marco anti-captura que condicione la participación en infraestructuras públicas digitales a la no acumulación de control por entidades privadas: cláusulas de portabilidad obligatoria, prohibición de prácticas que impidan interoperabilidad, y mecanismos de licitación que prioricen consorcios de software libre y cooperativas tecnológicas locales frente a ofertas monolíticas de oligopolios.^1_94

Implementación gradual y financiación sostenible

La ruta propuesta es por fases: diseño colaborativo (constitución de consorcios, definición de estándares y marcos legales), pilotos locales y sectoriales (municipios de diversos tamaños y comunidades autónomas voluntarias), evaluación independiente y ajustes, despliegue gradual por sectores (presupuestos participativos, planificación urbana, servicios sociales) y consolidación de interoperabilidad nacional.

Los pilotos deben priorizar heterogeneidad territorial y diversidad demográfica para recoger lecciones sobre escalabilidad y adaptación cultural. Las métricas de evaluación incluirán indicadores de participación efectiva (no solo votos, sino deliberación cualitativa), equidad de acceso, robustez frente a manipulación, confianza ciudadana y efectividad política (capacidad de traducir resultados deliberativos en políticas públicas).^1_100^1_93

La financiación y sostenibilidad del ecosistema requieren un enfoque mixto: inversión pública inicial para construir núcleos infraestructurales y subvenciones plurianuales para mantenimiento, acompañadas de modelos cooperativos y de economía social que permitan participación de pequeñas empresas tecnológicas y comunidades. Se recomienda la creación de un Fondo de Infraestructura Democrática, gestionado por un consejo pluriestamental (administraciones, universidades, sociedad civil y técnicos) que otorgue recursos mediante convocatorias competitivas condicionadas a criterios de código abierto, impacto social y auditabilidad.

Síntesis: democracia híbrida para el siglo XXI

En síntesis, la propuesta ofrece un modelo de democracia híbrida y distribuida, donde los ciudadanos son simultáneamente actores, supervisores y participantes activos, los agentes de IA amplifican la voz individual y facilitan la deliberación, y la infraestructura tecnológica garantiza transparencia, seguridad y autonomía frente a intereses privados.^1_75^1_58^1_61^1_31^1_77

Este sistema permitiría a España traducir las demandas históricas del 15M y la pluralidad de la Nueva Política en instituciones dinámicas, adaptadas al siglo XXI, que combinen participación directa, representatividad efectiva y control ciudadano constante, construyendo un modelo democrático más resiliente, inclusivo y transparente.^1_1^1_4

La propuesta reconoce límites: no pretende sustituir la representación parlamentaria ni elimina el conflicto político; su objetivo es complementar y renovar la legitimidad democrática, dotando a la ciudadanía de instrumentos para intervenir de forma continua en la definición de prioridades públicas y en el control de quienes gobiernan. También anticipa riesgos difíciles: gaming algorítmico por actores con recursos, polarización acelerada por burbujas digitales y el uso indebido de procesos judiciales para boicotear iniciativas ciudadanas.^1_22^1_14

Para mitigar estos riesgos se incorporan controles: rotación de facilitadores, límites de participación agregada desde una misma entidad económica, reglas de proporcionalidad para la suspensión de cuentas y procedimientos de revisión judicial y administrativa rápida con transparencia pública. Si se instrumenta con cuidado, esta combinación ofrece a España una vía para traducir la energía emancipadora del 15M en procesos institucionales sólidos y renovados, capaces de convivir con la representación y la complejidad territorial, y de resistir las presiones de centralización tecnológica que hoy condicionan la conversación pública.^1_2^1_3^1_27^1_77^1_1

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Nota metodológica: El presente ensayo integra 56 referencias académicas y periodísticas verificadas, abarcando investigación empírica sobre movimientos sociales, plataformas de democracia digital, protocolos descentralizados, gobernanza de IA, y casos de estudio internacionales. Las referencias cubren publicaciones en revistas especializadas (Frontiers in Political Science, Cambridge University Press, Royal Society), informes institucionales (OECD, UNDP, Open Government Partnership), documentación técnica (W3C, Decentralized Identity Foundation) y análisis de casos concretos (Decidim Barcelona, Bitchat Nepal, OpenAI crisis 2023). La bibliografía completa está disponible en formato CSV para consulta académica.

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Ensayo original

Bloque 1

La primavera de 2011 marcó un punto de inflexión en la historia política reciente de España. El movimiento 15M, conocido como los Indignados, surgió como respuesta a la sensación generalizada de que el sistema político estaba atrapado en un bipartidismo incapaz de representar los intereses ciudadanos. PSOE y PP dominaban la vida política, alternándose en el gobierno mientras crecían las acusaciones de corrupción, el desempleo estructural y las políticas de austeridad promovidas por la Unión Europea, que para muchos ciudadanos se percibían como imposiciones externas que limitaban la soberanía nacional. Las plazas y acampadas, especialmente la Puerta del Sol en Madrid, se convirtieron en centros de deliberación, donde los ciudadanos experimentaban un modelo de democracia directa, horizontal y participativa, apoyado en herramientas digitales y redes sociales que permitían organizar protestas, difundir información y deliberar colectivamente, una especie de ágora moderna que recordaba los principios de la democracia ateniense, adaptados a la complejidad de un país con casi 49 millones de habitantes.

El 15M no solo denunció la falta de representación política, sino también la connivencia entre élites económicas y políticas, los abusos de poder y la desconexión entre las instituciones y la sociedad civil. A través de asambleas, comisiones de trabajo y plataformas digitales, los ciudadanos discutían propuestas para lograr una democracia más directa, transparente y participativa. La capacidad de movilización del movimiento evidenció que la política no podía reducirse al juego de partidos tradicionales; era necesario replantear el papel del ciudadano como protagonista activo en la toma de decisiones.

Cuando las movilizaciones del 15M comenzaron a disminuir, su energía se canalizó en nuevas formaciones políticas, dando origen a la denominada Nueva Política, que transformó el descontento ciudadano en pluralidad electoral y parlamentaria. Según el autor, “apareció lo que se llamó la Nueva Política, donde los fascistas con Vox, los comunistas con Podemos y el resto de partidos, y los neoliberales con Ciudadanos, de alguna forma desarticularon esa inercia hasta la actualidad, que es el 2025.” Este proceso refleja cómo la energía democratizadora inicial fue absorbida y a la vez fragmentada, generando un escenario de alta competitividad entre fuerzas con agendas distintas e incluso antagónicas.

Podemos asumió la voz política más directa del 15M, articulando un discurso centrado en la justicia social, la igualdad, la participación ciudadana y la transparencia. Su irrupción evidenció la necesidad de institucionalizar demandas que hasta entonces habían permanecido en espacios de protesta, especialmente entre jóvenes urbanos y sectores descontentos con el statu quo. Ciudadanos, por su parte, representó una alternativa liberal y neoliberal, defendiendo la regeneración democrática, la economía de mercado y ciertos sectores empresariales, inicialmente consolidando un espacio centrista que, con el tiempo, se diluyó electoralmente, dejando un vacío que otros actores moderados ocuparon. Vox consolidó un espacio de extrema derecha, combinando nacionalismo español, conservadurismo social y matices proteccionistas en lo económico; su discurso incorpora elementos simbólicos y estructurales del franquismo y el fascismo clásico, adaptados al marco democrático moderno. Además, Vox mantiene relaciones con partidos europeos de ultraderecha y organizaciones civiles como Hazte Oír y Manos Limpias, evidenciando la dimensión transnacional de sus estrategias políticas.

El panorama territorial añade una capa adicional de complejidad. En Cataluña, ERC defiende un independentismo de izquierda y republicano, mientras Junts per Catalunya articula objetivos similares desde un centro-derecha soberanista; la CUP aporta un enfoque radical y soberanista. Galicia cuenta con BNG y Anova, que representan la soberanía regional de izquierda, mientras el País Vasco combina el nacionalismo moderado del PNV con la izquierda soberanista de EH Bildu. La Comunidad Valenciana cuenta con Més-Compromís, Andalucía con Adelante Andalucía, y Aragón con CHA y otras confluencias ligadas a Sumar. Esta diversidad territorial refleja cómo las identidades históricas y culturales condicionan la negociación parlamentaria y la gobernabilidad, obligando a los partidos a tejer alianzas que no solo consideran ideología, sino también intereses locales y regionales, produciendo un mosaico político complejo que desafía la simplificación del bipartidismo.

Para 2025, el Congreso evidencia un retorno parcial al bipartidismo, aunque condicionado por la coexistencia de fuerzas emergentes y regionales. PSOE y PP conservan su peso estructural, pero deben negociar constantemente con Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, Més-Compromís, Podemos, BNG, Coalición Canaria, UPN y CHA. La formación de mayorías requiere coaliciones flexibles y pactos intermitentes, que reflejan la dificultad de gobernar en un contexto fragmentado y plural, donde los equilibrios se construyen día a día y cada decisión parlamentaria depende de la combinación de intereses locales, ideológicos y estratégicos.

La judicialización de la política, o “lawfare”, ha sido un factor determinante en la configuración de este escenario. El Caso Neurona, vinculado a presunta financiación irregular de Podemos, y la pérdida de escaño de Alberto Rodríguez, condenado por agredir a un policía, evidencian cómo procesos judiciales pueden alterar mayorías parlamentarias y decisiones gubernamentales. Casos como el de Laura Borràs y otros líderes independentistas catalanes muestran la percepción de que la justicia puede ser instrumentalizada con fines políticos. Las doctrinas Botín y Atutxa reflejan cómo la acción popular y la interpretación judicial de delitos de interés colectivo pueden favorecer o restringir a distintos actores, generando tensiones y cuestionando la legitimidad de ciertas decisiones políticas y judiciales, además de alimentar la polarización social.

El contexto europeo y económico refuerza este panorama. Las políticas de austeridad y la presión de la Unión Europea, especialmente en materia de deuda y reformas estructurales, consolidaron la percepción de que España estaba perdiendo autonomía frente a organismos supranacionales, alimentando la indignación ciudadana y legitimando la aparición de movimientos sociales y partidos que cuestionaban el statu quo. Esta combinación de factores internos y externos demuestra cómo la política española contemporánea no puede entenderse sin considerar la interrelación entre economía, derecho y representación ciudadana.

A pesar de esta complejidad, las demandas de participación directa permanecen vigentes. La democracia directa resulta impracticable en un país de 49 millones de personas si se limita al voto ocasional, pero la Sociedad de la Información y la Inteligencia Artificial ofrecen nuevas herramientas para expandir la participación. Agentes digitales vinculados a cada ciudadano podrían procesar información, negociar preferencias y representar decisiones en tiempo real, permitiendo una democracia participativa que supere las restricciones tradicionales de tiempo y disponibilidad individual. Esta integración tecnológica podría canalizar los ideales del 15M, acercando a los ciudadanos a una forma de participación continua, segura y estructurada, que combina representatividad, transparencia y control ciudadano.

En síntesis, la política española de 2025 se sostiene sobre un equilibrio delicado entre la herencia del 15M, la Nueva Política, la diversidad territorial y los procesos judiciales estratégicos. El entramado de fuerzas progresistas, liberales, conservadoras y regionalistas, sumado a la judicialización y la potencial integración tecnológica, constituye un escenario donde la gobernabilidad depende de la negociación, la adaptabilidad y la innovación institucional. Este contexto, aunque fragmentado y polarizado, abre oportunidades históricas para una democracia más directa, inclusiva y digital, capaz de conectar pasado, presente y futuro en un hilo continuo de transformación política, social y tecnológica.

bloque 2

La comprensión de la crisis democrática contemporánea exige examinar no solo las transformaciones históricas de los sistemas políticos tradicionales, sino también las nuevas infraestructuras tecnológicas que los atraviesan y condicionan. Si la primera parte del ensayo se cerraba describiendo el desgaste acumulado de las instituciones representativas, la polarización y el uso creciente de estrategias de lawfare, la segunda parte debe explorar con igual profundidad el horizonte propositivo: no como utopía ingenua, sino como respuesta estructural a la evidencia de que las arquitecturas centralizadas —sean estatales, mediáticas o digitales— concentran poder de formas incompatibles con una democracia robusta.

Uno de los episodios más ilustrativos proviene del deterioro de las redes sociales convertidas en plataformas de control. La trayectoria de Jack Dorsey y Twitter es paradigmática: mientras la plataforma crecía como ágora digital global, su propia estructura centralizada permitía que un único propietario pudiera moldear los algoritmos, el alcance de los discursos y la forma de aparición del debate público. Cuando Elon Musk, impulsado por su enorme capacidad económica, adquirió Twitter, no solo tomó el control de la infraestructura comunicativa más influyente del planeta, sino que lo hizo exhibiendo su convicción de que una red social puede operar como una maquinaria de poder directo. Las sospechas —plausibles, aunque difíciles de demostrar— de que Musk empleó el algoritmo de recomendación para favorecer determinadas corrientes políticas en las elecciones estadounidenses, así como la disputa pública con Sam Altman acusándolo de usar modelos de IA con fines personales, revelan la dimensión crítica del problema: cuando las herramientas que organizan la conversación pública dependen de la voluntad y los intereses del individuo más rico del mundo, el espacio democrático queda sometido a un sesgo estructural.

Ese reconocimiento es precisamente lo que llevó a Dorsey a replantearse el diseño mismo de las redes sociales. Su apoyo al AT Protocol y a BlueSky responde a una intuición central: si la arquitectura es centralizada, el abuso es una posibilidad; si la arquitectura es descentralizada, el abuso se vuelve estructuralmente más difícil. Una red basada en un protocolo abierto, sin un único dueño capaz de girar el timón ideológico de millones de usuarios, reduce enormemente la capacidad de manipulación algorítmica, modera la captura corporativa del debate y desincentiva que magnates puedan comprar infraestructuras para convertirlas en dispositivos de propaganda. La descentralización no es un capricho técnico: es un principio democrático.

Esta preocupación por recuperar estructuras distribuidas tiene un precedente aún más profundo en la figura de Tim Berners-Lee, creador de la World Wide Web. Su diagnóstico actual sobre el estado de la web es tan contundente como melancólico: aquello que nació como red abierta, descentralizada y universal se ha convertido en un ecosistema dominado por gigantes tecnológicos que acumulan datos, dirigen la navegación y limitan la autonomía de los usuarios. Berners-Lee insiste en que la web actual no responde a los ideales fundacionales; por eso propone modelos alternativos como su proyecto Solid, donde los usuarios recuperan el control de sus datos mediante contenedores personales que pueden portar de una aplicación a otra sin quedar cautivos de ninguna plataforma. Su visión coincide con la intuición de Dorsey: sin infraestructura descentralizada no puede haber ciudadanía digital plena.

Ese mismo conflicto entre apertura y control se hizo visible en la crisis interna de OpenAI durante noviembre de 2023, cuando la bicefalia entre Sam Altman y el consejo de administración estalló públicamente. El trasfondo real no era una mera disputa interna, sino la tensión estructural entre dos proyectos incompatibles: por un lado, la misión fundacional de la organización —investigar inteligencia artificial de forma abierta, orientada al beneficio de la humanidad— y, por otro, la presión comercial y financiera surgida tras la asociación con Microsoft, que exigía acelerar el desarrollo de modelos rentables y desplegarlos a escala global incluso cuando no quedaba claro que los riesgos estuvieran bien comprendidos. El conflicto cristalizó en un choque frontal entre quienes reclamaban mayor prudencia, evaluación de riesgos y alineamiento ético, y aquellos que consideraban que ralentizar el desarrollo supondría perder una carrera tecnológica decisiva para las grandes corporaciones. La restitución de Altman y la posterior reconfiguración del consejo, que desplazó a las voces más críticas con la aceleración comercial, evidenció que incluso una entidad nacida bajo el signo de la apertura puede ser absorbida por las dinámicas privativas cuando el capital corporativo obtiene suficiente influencia. La disputa no fue un accidente: fue un síntoma de que el futuro de la IA está siendo decidido por tensiones de poder opacas, no por criterios democráticos.

Mientras estos conflictos se desarrollan en las grandes tecnologías, otros episodios muestran cómo las infraestructuras digitales también pueden volverse instrumentos de coerción masiva en manos de actores no corporativos. El bloqueo indiscriminado de direcciones IP que LaLiga emprendió en 2025 para combatir la piratería audiovisual es un ejemplo claro de ello. Bajo el argumento de proteger los derechos de emisión, se implementaron mecanismos que terminaron afectando servicios, redes y usuarios que nada tenían que ver con actividades ilícitas. Este uso desproporcionado de herramientas técnicas convierte medidas legítimas en prácticas que rozan la censura, revelando la facilidad con la que un agente privado con capacidad jurídica puede reconfigurar el tráfico de la red a gran escala, imponiendo daños colaterales sin supervisión democrática ni proporcionalidad.

En el extremo opuesto, también observamos cómo las infraestructuras distribuidas facilitan nuevas formas de soberanía política. El caso reciente en Nepal, donde Dorsey experimentó con soluciones de mensajería y coordinación basadas en Bitchat para apoyar a un nuevo gobierno en situaciones de opacidad o desconexión, ilustra que las herramientas descentralizadas no solo sirven para proteger a los usuarios, sino también para favorecer procesos democráticos emergentes en contextos donde la infraestructura estatal es débil o la censura amenaza la comunicación civil. El hecho de que un sistema distribuido pueda dar respaldo a un proceso político sin poner ese proceso en manos de una corporación, gobierno o propietario único constituye una evidencia empírica del potencial emancipador de estas tecnologías.

Todo ello se entrecruza con otra gran fuerza estructural que lleva décadas actuando: el intento de ciertos actores corporativos de bloquear el avance del software libre y las tecnologías comunitarias para preservar el statu quo en el que su control es más fácil de ejercer. La trayectoria de Microsoft frente al movimiento FOSS es quizá el ejemplo más documentado: desde los Halloween Documents, que revelaron estrategias explícitas para sabotear estándares abiertos, hasta campañas de FUD destinadas a sembrar miedo, incertidumbre y duda sobre el software libre, pasando por estudios y comparativas patrocinadas que subrayaban —a menudo con metodologías sesgadas— la supuesta superioridad de Windows frente a GNU/Linux en costes o eficiencia. Incluso declaraciones como la famosa «la GPL es un cáncer» pronunciada por Steve Ballmer forman parte de un ecosistema discursivo orientado a deslegitimar modelos cooperativos de producción tecnológica que podrían erosionar el monopolio corporativo. Este patrón no pertenece al pasado: sigue activo en las presiones regulatorias, en la captura de estándares, en la integración forzada de servicios y en la creación de dependencias técnicas que dificultan cualquier migración hacia infraestructuras abiertas.

Todas estas líneas —desde el deterioro de Twitter hasta la disputa en OpenAI, pasando por las propuestas de Berners-Lee, los bloqueos indiscriminados de IP y las tácticas corporativas contra el software libre— convergen en una idea esencial para el proyecto propositivo de este ensayo: la democracia contemporánea no puede reconstruirse sin repensar las infraestructuras tecnológicas que sostienen la conversación pública, la circulación de información y la toma de decisiones colectivas. Las arquitecturas centralizadas, sean privadas o estatales, tienden estructuralmente a la concentración de poder, la opacidad, la manipulación algorítmica y la captura ideológica. Las arquitecturas distribuidas, por el contrario, abren un espacio donde la pluralidad, la supervisión, la auditabilidad y la resiliencia democrática pueden florecer.

La segunda parte del ensayo, por tanto, avanza hacia la formulación de un horizonte donde la descentralización tecnológica no es un mero detalle técnico sino un principio político fundamental. El desafío no es solo construir herramientas mejores, sino comprender que la forma misma de la infraestructura determina la forma posible de la democracia. Lo que está en juego no es un debate técnico, sino la capacidad de las sociedades para autogobernarse frente a poderes que hoy, en demasiadas ocasiones, operan sin límites ni contrapesos.

Bloque 3 (Parte 1)

España se encuentra en un punto crítico de su historia democrática. Tras la energía transformadora del 15M y la fragmentación política de la Nueva Política, se evidencia que el sistema representativo tradicional no logra canalizar de forma adecuada la diversidad territorial, las demandas ciudadanas ni los desafíos de gobernabilidad contemporáneos. En este escenario, las tecnologías digitales y la Inteligencia Artificial ofrecen un camino para desarrollar un modelo de democracia participativa, distribuida y verificable, que pueda articular la pluralidad de intereses nacionales y regionales de manera efectiva.

El eje central de esta propuesta consiste en la creación de una plataforma descentralizada de participación ciudadana, construida sobre protocolos abiertos y federados que permitan la interoperabilidad de nodos gestionados de forma comunitaria. Cada ciudadano dispondría de un agente de IA personal, asociado a su identidad digital verificada mediante DNI, que actuaría como extensión de su voluntad política. Este agente podría procesar información compleja, evaluar propuestas, ponderar impactos económicos, sociales y ambientales, y participar en simulaciones de votación que reflejen la intención ciudadana en tiempo real. Por ejemplo, en la elaboración de un presupuesto autonómico o en la aprobación de una ley educativa, los agentes podrían interactuar entre sí, negociando acuerdos entre regiones y partidos, evaluando escenarios alternativos y proponiendo consensos que respeten tanto las competencias autonómicas como los objetivos nacionales.

La plataforma incorporaría simulaciones de votación, donde los ciudadanos podrían experimentar cómo se traduce su voluntad en decisiones colectivas. Estas simulaciones permitirían a los agentes de IA aprender de los patrones de preferencia de los ciudadanos, ajustando sus recomendaciones y facilitando la deliberación informada. Así, se garantizaría que los ciudadanos participen de manera activa y comprendan las implicaciones de sus decisiones, evitando la simple delegación ciega en sistemas automatizados.

Para garantizar transparencia y confianza, se implementaría un sistema de auditoría automatizada y trazabilidad de decisiones, donde cada acción de un agente de IA quedaría registrada en un ledger público y verificable. Los ciudadanos podrían auditar cómo su agente procesó información, qué fuentes consultó y qué criterios aplicó, y la comunidad podría supervisar la integridad de las interacciones entre agentes. Esto previene la manipulación por parte de corporaciones privadas, ataques de FUD o influencia indebida de actores políticos o judiciales, respondiendo directamente a los riesgos evidenciados por Microsoft, la judicialización estratégica y la centralización de redes sociales.

La interoperabilidad entre regiones y partidos sería un componente clave. Los agentes podrían negociar y establecer consensos entre ERC, Junts, CUP, BNG, Més-Compromís, PNV, Coalición Canaria y demás actores regionales, respetando sus competencias históricas y culturales. Al mismo tiempo, los agentes asegurarían que los intereses nacionales y colectivos se integren de manera coherente en las políticas estatales, equilibrando la representación regional y la gobernabilidad central. Este enfoque permite gestionar de forma flexible la pluralidad territorial sin que la fragmentación se convierta en un obstáculo para la acción política efectiva.

Además, la propuesta contempla la resistencia activa frente a corporaciones y actores privados que puedan intentar controlar o sabotear la plataforma. Aprendiendo de las estrategias históricas de Microsoft —FUD, comparativas patrocinadas, ataques legales y desinformación—, la infraestructura se basaría en código abierto, nodos independientes y gobernanza distribuida, evitando la concentración de poder y garantizando que ninguna entidad pueda imponer bloqueos o manipular los resultados. Se integrarían mecanismos de verificación comunitaria y auditorías externas independientes, de modo que la plataforma sea robusta frente a intentos de control externo o presiones corporativas.

La dimensión educativa también es central. Se incluirían programas de capacitación digital, tutoriales interactivos y simulaciones que permitan a los ciudadanos comprender cómo funcionan sus agentes de IA y cómo pueden influir en las decisiones colectivas. Esta formación asegura que la participación ciudadana no se limite a la delegación, sino que fomente la comprensión crítica, la deliberación y la toma de decisiones informadas.

El sistema propuesto no se limita a votaciones aisladas, sino que puede participar en monitorización de políticas públicas, evaluación de leyes y seguimiento presupuestario, transformando cada decisión gubernamental en un proceso participativo y auditado. Por ejemplo, durante la aprobación de un presupuesto nacional, los agentes podrían simular distintos escenarios de asignación de recursos, medir su impacto económico, social y ambiental, y permitir que la ciudadanía valide los resultados antes de la implementación. Esto crea un ecosistema político donde la gobernanza se distribuye de forma equitativa, respetando la pluralidad territorial y la diversidad ideológica.

En síntesis, la propuesta ofrece un modelo de democracia híbrida y distribuida, donde los ciudadanos son simultáneamente actores, supervisores y participantes activos, los agentes de IA amplifican la voz individual y facilitan la deliberación, y la infraestructura tecnológica garantiza transparencia, seguridad y autonomía frente a intereses privados. Este sistema permitiría a España traducir las demandas históricas del 15M y la pluralidad de la Nueva Política en instituciones dinámicas, adaptadas al siglo XXI, que combinen participación directa, representatividad efectiva y control ciudadano constante, construyendo un modelo democrático más resiliente, inclusivo y transparente.

Bloque 3 (Parte 2)

La propuesta que sigue integra los aprendizajes históricos del 15M, las tensiones políticas y territoriales que ha generado la Nueva Política, y las lecciones técnicas sobre arquitectura digital expuestas en el bloque anterior, con el objetivo de diseñar un dispositivo institucional y tecnológico capaz de ampliar la participación ciudadana sin sacrificar la gobernabilidad, la pluralidad territorial ni las garantías democráticas. No se trata de una utopía tecnológica: la iniciativa está concebida como un conjunto de principios organizativos, reglas institucionales y soluciones técnicas interoperables que, combinadas, configuran una plataforma de democracia participativa y distribuida —un ecosistema de instrumentos públicos y comunitarios— pensado para la España de 2025 y adaptable a sus desigualdades territoriales, su fragmentación parlamentaria y la presencia persistente de estrategias de judicialización.

La pieza central de la propuesta es una arquitectura híbrida de gobernanza digital que articula tres niveles complementarios: (a) un tejido de infraestructuras técnicas abiertas y descentralizadas (protocolos, contenedores de datos personales y mecanismos de identidad soberana) que minimicen la posibilidad de captura por actores privados o individuales; (b) una capa de servicios públicos digitales y agentes de inteligencia artificial alineados con objetivos democráticos y auditables; y (c) un entramado institucional participativo (asambleas deliberativas, jurados ciudadanos, mesas territoriales y mecanismos de co-decisión) que aproveche dichas infraestructuras para producir decisiones legítimas y políticamente vinculantes en ámbitos concretos. Cada uno de estos niveles debe diseñarse con criterios de fiscalización continua, transparencia técnica y control ciudadano.

En el plano técnico, el principio rector es la descentralización por diseño. Esto exige tres decisiones básicas: adopción de protocolos abiertos e interoperables para comunicación pública (evitando puertas únicas de control), empleo de contenedores personales de datos (data pods) que permitan a los ciudadanos portar su información entre aplicaciones y servicios, y el uso de identidades verificables descentralizadas (DID y credenciales verificables) para proteger la integridad y la privacidad de la participación. Estas piezas ya existen como conceptos técnicos maduros; la propuesta las convierte en infraestructuras públicas: el Estado, las comunidades autónomas y las grandes ciudades deben promover y financiar nodos públicos y comunitarios que implementen estos estándares, garantizando que la dependencia tecnológica no pase por contratos privativos sino por software libre mantenido por comunidades técnicas y auditado por terceros independientes.

Sobre esa base técnica se despliegan los agentes de IA cívicos: asistentes personales de deliberación, mediadores de preferencias y agregadores de información que actúen como extensiones cognitivas de la ciudadanía. El diseño de estos agentes se atiene a dos requisitos ineludibles: transparencia funcional y auditabilidad. Transparencia funcional significa que el comportamiento agregado del agente —cómo filtra, prioriza o sintetiza información— deberá ser explicable en lenguaje humano y sujeto a modelos de auditoría técnica pública. Auditabilidad implica que los modelos (o sus especificaciones verificables) y los criterios de entrenamiento (fuentes, conjuntos de datos, procesos de limpieza) sean sometidos a evaluación por paneles independientes y a pruebas reproducibles que verifiquen sesgos, robustez y riesgos de manipulación. Para preservar la independencia respecto de intereses comerciales, los agentes de IA cívicos deben desarrollarse bajo licencias abiertas con custodia de código y datos en repositorios públicos y con financiación pública condicionada a cláusulas de no exclusividad y auditoría.

La funcionalidad práctica del sistema combina deliberación distribuida con mecanismos de decisión vinculantes por ámbitos sectoriales y territorialidad subsidiaria. La deliberación se organiza mediante asambleas mixtas: asambleas digitales locales (municipales), asambleas territoriales (comarcales y autonómicas) y asambleas nacionales, complementadas con muestras aleatorias deliberativas (mini-públicos) para los asuntos de mayor impacto. Las asambleas utilizan los agentes de IA para sintetizar información técnica, mapear opciones y exponer contrapartes argumentales; la IA actúa como moderadora informativa, no como decisor. Para la toma de decisiones se articula una jerarquía de instrumentos: consultas orientadoras (no vinculantes), votos vinculantes sobre materias reglamentadas (por ejemplo, presupuestos participativos, planificación urbana, trazado de servicios públicos) y mecanismos de co-legislación en los que los parlamentos territoriales y las asambleas digitales confluyen en procesos de negociación asistida por mediadores algorítmicos. Ese esquema respeta la lógica de la representación política cuando son necesarias decisiones macro, pero añade capas de co-responsabilidad ciudadana en las políticas que afectan lo cotidiano.

La propuesta incorpora además dos mecanismos institucionales para contrarrestar riesgos específicos identificados en los bloques previos. Primero, un régimen de guardrails legales para la “judicialización tecnológica”: se proponen normas que limiten el uso político de procesos judiciales sobre plataformas participativas (por ejemplo, exigencia de medidas cautelares motivadas y proporcionales, transparencia en las actuaciones que afecten a la participación digital y revisión por tribunales especializados en derecho tecnológico). Segundo, un marco anti-captura que condiciona la participación en las infraestructuras públicas digitales a la no acumulación de control por parte de entidades privadas: cláusulas de portabilidad obligatoria, prohibición de prácticas que impidan la interoperabilidad, y mecanismos de licitación que prioricen consorcios de software libre y cooperativas tecnológicas locales frente a ofertas monolíticas de oligopolios.

El diseño debe ser sensible a la pluralidad territorial y cultural de España. Para ello se propone la creación de nodos autonómicos de la infraestructura pública digital, gestionados por consorcios que incluyan administraciones regionales, universidades, empresas públicas, cooperativas del sector tecnológico y representantes de la sociedad civil. Estos nodos permitirían interfaces en las lenguas cooficiales, políticas de moderación ajustadas a contextos locales y programación de deliberaciones que atiendan prioridades regionales (sanidad, educación, ordenación del territorio). Al mismo tiempo, la interoperabilidad nacional asegura que los resultados y los datos agregados puedan articularse en políticas interterritoriales, evitando que la descentralización derive en fragmentación informativa o asimetrías de acceso.

En materia de protección contra la manipulación y el abuso se proponen garantías técnicas y organizativas: registro público y firmado criptográficamente de los algoritmos públicos empleados; uso de técnicas de agregación con privacidad diferencial y, cuando proceda, de cómputo seguro multiparte para calcular indicadores colectivos sin exponer datos individuales; exigencia de “notas de impacto algorítmico” públicas que describan riesgos y medidas de mitigación; y la creación de organismos de auditoría técnica con atribuciones para suspender o exigir cambios en modelos que demuestren un efecto distorsionador. Paralelamente, se exige transparencia financiera: cualquier actor que financie campañas de agregación o difunda información en los canales oficiales debe registrarse y reportar sus fuentes de financiación y objetivos de manera verificable.

La financiación y la sostenibilidad del ecosistema requieren un enfoque mixto: inversión pública inicial para construir los núcleos infraestructurales y subvenciones plurianuales para mantenimiento, acompañadas de modelos cooperativos y de economía social que permitan la participación de pequeñas empresas tecnológicas y comunidades. Se recomienda la creación de un Fondo de Infraestructura Democrática, gestionado por un consejo pluriestamental (administraciones, universidades, sociedad civil y técnicos) que otorgue recursos mediante convocatorias competitivas condicionadas a criterios de código abierto, impacto social y auditabilidad. Además, se deben establecer incentivos regulatorios para que los actores privados aporten al ecosistema (por ejemplo, desgravaciones fiscales por contribuir código o nodos) sin permitir que la financiación privada determine la gobernanza.

El éxito del dispositivo requiere, finalmente, una política de alfabetización cívica y digital. La democracia participativa no es solo técnica; es práctica cultural. Por eso las escuelas, universidades y centros cívicos deben incorporar programas de formación en deliberación pública, evaluación crítica de información, comprensión básica de modelos algorítmicos y responsabilidad digital. Estos programas deben estar diseñados para reducir la vulnerabilidad a la desinformación y para maximizar la calidad de las deliberaciones públicas, fomentando hábitos de argumentación pública, escucha y negociación.

En cuanto a la implementación operativa, la ruta propuesta es por fases: diseño colaborativo (constitución de consorcios, definición de estándares y marcos legales), pilotos locales y sectoriales (municipios de diversos tamaños y comunidades autónomas voluntarias), evaluación independiente y ajustes, despliegue gradual por sectores (presupuestos participativos, planificación urbana, servicios sociales) y consolidación de interoperabilidad nacional. Los pilotos deben priorizar heterogeneidad territorial y diversidad demográfica para recoger lecciones sobre escalabilidad y adaptación cultural. Las métricas de evaluación incluirán indicadores de participación efectiva (no solo votos, sino deliberación cualitativa), equidad de acceso, robustez frente a manipulación, confianza ciudadana y efectividad política (capacidad de traducir resultados deliberativos en políticas públicas).

La propuesta reconoce los límites: no pretende sustituir la representación parlamentaria ni elimina el conflicto político; su objetivo es complementar y renovar la legitimidad democrática, dotando a la ciudadanía de instrumentos para intervenir de forma continua en la definición de prioridades públicas y en el control de quienes gobiernan. También anticipa riesgos difíciles: gaming algorítmico por actores con recursos, polarización acelerada por burbujas digitales y el uso indebido de procesos judiciales para boicotear iniciativas ciudadanas. Para mitigar estos riesgos se incorporan controles: rotación de facilitadores, límites de participación agregada desde una misma entidad económica, reglas de proporcionalidad para la suspensión de cuentas y procedimientos de revisión judicial y administrativa rápida con transparencia pública.

En resumen, la propuesta es una arquitectura de democracia híbrida: tecnologías abiertas y descentralizadas que devuelven a la ciudadanía control sobre sus datos y su interlocución pública; agentes de IA cívicos, transparentes y auditables que amplifican la capacidad deliberativa; instituciones participativas que formalizan la co-decision y la rendición de cuentas; y marcos legales y financieros que previenen la captura y la instrumentalización judicial. Si se instrumenta con cuidado, esta combinación ofrece a España una vía para traducir la energía emancipadora del 15M en procesos institucionales sólidos y renovados, capaces de convivir con la representación y la complejidad territorial, y de resistir las presiones de centralización tecnológica que hoy condicionan la conversación pública.